jueves, 31 de julio de 2014

VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR

50 años atrás  se calculaba que en el mundo  había  unas 215 millones de personas mayores de  60 años  y se pronosticaba que en los primeros años del presente siglo más del 30% total, en un gran número de países estaría integrado por adultos mayores (1) 
La longevidad es una etapa de la vida del ser humano, que llega acompañada del deterioro de todas sus facultades biológicas y mentales; a esto se suma el cese de la vida laboral,  social y lamentablemente para muchos incluye,  hasta el cese de las actividades familiares. Esto se debe a que nuestra sociedad consumista ha creado en la  gente joven y activa, el criterio equivocado de asociar el valor de las personas con su capacidad de producir,  lo que genera en ellos unas  conductas de abandono afectivo, trato cruel y negligente hacia sus parientes longevos.
Esta visión generalizada hacia la ancianidad, se constituye en una problemática mundial de violencia hacia la población adulta mayor, que dio origen a un movimiento internacional que logró  realizar en Viena la 1ª Asamblea mundial sobre Envejecimiento en el  año 1982,  en  1997 crea la liga internacional para la Prevención del abuso al adulto mayor (INPEA), en el 2002 en Madrid se aprueba Plan internacional de acción de la segunda asamblea mundial de envejecimiento, y para el 2011 en San José (costa Rica)  se suscribe la Carta sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe.
En Colombia de acuerdo con las proyecciones del Dane  la población mayor de 60 años, asciende a 4.792.957 personas,  y de estas según datos de Medicina Legal, para el año 2012 fueron reportados como víctimas de maltrato 1.467 y para el 2013, resultaron victimas 1.364.  Las ciudades y departamentos que presentan mayor número de casos de violencia contra las personas mayores son en su orden: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca,  Atlántico y  Santander.
Los casos de violencia física contra las personas mayores, que más se reportan son homicidios, lesiones personales, delitos sexuales, hechos de maltrato intrafamiliar y suicidios.
El maltrato cotidiano familiar que viven los abuelos va desde el ignorarlos, replegarlos al último cuarto de la casa, amarrarlos a una cama o una silla, hasta los insultos, gritos, empujones, despojo de dineros, bienes, negación de alimentos y medicamentos. Sumándose a esto el maltrato institucional,  ejercido por los gobiernos e instituciones, negando los recursos para cubrir las  necesidades básicas de los ancianos y la falta de programas de protección a sus derechos. 
Esta  violencia casi invisible contradice a quienes señalan a la vejez como la edad de oro; porque esta  violencia cotidiana ocurre desde la familia  y la sociedad,  ni  el Estado  brindan a estas personas los cuidados, los servicios y los espacios adecuados para una calidad de vida digna.
Según las proyecciones del Dane  para el año 2020 habrá en Colombia alrededor de más de seis millones de personas mayores, lo que marca un crecimiento del 31% frente al 2013.  Lo que significa que los gobiernos en sus planes de mediano y largo plazo deben priorizar la atención a esta población en las  áreas preestablecidas como la Salud, bienestar en la vejez y entornos propicios y favorables.  Porque tan solo un subsidio mínimo o un alimento al día, y una que otra actividad recreativa “No”  es la panacea  que ponga a la vanguardia cualquier gobierno que pregone ser abanderado de los derechos de la Tercera edad.
El Estado  Colombiano está obligado constitucionalmente a garantizarles  los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia; así como la familia les debe protección y asistencia, igualmente la sociedad también está obligada a denunciar los casos de maltrato contra esta población.   
Sin duda se requiere desarrollar acciones educativas para promover el cambio intrafamiliar en sus relaciones con sus ancianos, los medios de comunicación deben comprometerse con la promoción y defensa de los derechos de esta población, y las autoridades administrativas a disponer mayores recursos fiscales para la seguridad social y la protección de nuestra ancianidad. 
1-. Delia SC. Gerontología Social. San Juan: Editorial Aries; 2003. p. 54-6.
(*) Comisaria de Familia
 ESCRITO POR: 
Cecilia De Alba Narváez (*)

PUBLICADO POR: WILSON GIRALDO MEJÍA
COMISARIO DE FAMILIA